Comprar un videojuego digital no siempre significa ser su propietario de forma permanente. Esta es una de las cuestiones que pretende abordar The Power to the Players Act, una propuesta legislativa anunciada en Estados Unidos que busca reforzar los derechos de los consumidores y evitar que pierdan el acceso a los juegos por decisiones de las compañías. La iniciativa, impulsada por el congresista demócrata Ritchie Torres, también plantea que los videojuegos que dependen de servidores online dispongan de una alternativa para seguir jugando cuando finalice su servicio
The Power to the Players Act: ¿y si comprar un juego significara ser realmente su dueño?
La propuesta, cuyo nombre podría traducirse como Ley de Poder para los Jugadores, pretende que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) establezca normas para proteger a quienes compran videojuegos. El objetivo es abordar la diferencia entre adquirir un producto y obtener únicamente una licencia de uso que puede estar sujeta a determinadas condiciones.
En el mercado digital, comprar un título no siempre garantiza que el usuario pueda conservar todas sus funciones indefinidamente. El acceso puede depender de una cuenta, de los servicios de una plataforma o de servidores gestionados por la propia compañía. Si estos servicios desaparecen, algunas características e incluso el acceso al juego completo en determinados casos pueden dejar de funcionar.
La iniciativa busca proteger tres derechos fundamentales: poseer, jugar y transferir los videojuegos adquiridos. Esto también podría reforzar la posibilidad de revender o transferir las compras, aunque los detalles concretos dependerán del texto legislativo definitivo.
Por ahora, hay que tener en cuenta una cuestión importante: la propuesta ha sido anunciada, pero no es una ley vigente. El anuncio oficial de Torres explica su intención de impulsar la iniciativa, pero todavía no se han publicado todos los detalles legales necesarios para determinar cómo se aplicarían sus medidas.
Ritchie Torres critica el modelo actual de las compras digitales
El congresista defendió la necesidad de proteger a los consumidores con una declaración contundente: «Un juego que puede ser retirado en el instante en que una empresa decide desconectar sus servicios no constituye una compra; es, en realidad, un alquiler disfrazado de venta».
La propuesta pretende que los usuarios puedan seguir disfrutando de los videojuegos que han adquirido incluso después de que sus responsables dejen de ofrecer soporte. Para ello, plantea que las compras se reconozcan como propiedad del consumidor y no únicamente como una licencia para jugar, además de establecer medidas relacionadas con la conservación y transferencia de esos títulos.
Sin embargo, el alcance definitivo de estas garantías todavía no está claro. Habrá que conocer el texto de la iniciativa para saber cómo afectaría a las condiciones de las tiendas digitales, a los sistemas de protección de los juegos y a los derechos de los usuarios que ya tienen una biblioteca en plataformas como PlayStation, Xbox o Steam.
NBA 2K25, uno de los ejemplos que ha reavivado el debate
Uno de los casos utilizados para explicar el problema es NBA 2K25, un videojuego de baloncesto que tiene previsto desaparecer de las tiendas digitales el 30 de octubre de 2026 y cuyo cierre de servidores está programado para el 31 de diciembre del mismo año, según la información difundida por la oficina de Torres.
Esto significa que sus servicios online dejarán de estar disponibles aproximadamente dos años después de su lanzamiento. Entre las funciones afectadas se encuentran distintos modos vinculados a los servidores, lo que limita considerablemente la experiencia para quienes compraron el juego pensando en disfrutar de esas características durante más tiempo.
No obstante, hay un matiz importante: el cierre de los servidores no implica necesariamente que todo el videojuego deje de funcionar. En el caso de NBA 2K25, las funciones que puedan utilizarse sin conexión podrán seguir disponibles, de acuerdo con la información publicada sobre el cierre. El problema es que los modos dependientes de los servicios online sí se perderán.
Para los defensores de la preservación de videojuegos, este tipo de situaciones demuestra que comprar un título digital puede no ofrecer las mismas garantías de conservación que muchos consumidores esperan de una compra tradicional.
Stop Killing Games lleva la lucha por la preservación a la política
La propuesta estadounidense también conecta con las reivindicaciones del movimiento Stop Killing Games, una iniciativa que busca impedir que los videojuegos se conviertan en productos completamente inaccesibles cuando las compañías deciden retirar sus servicios.
El movimiento ha contribuido a extender el debate sobre la preservación de los videojuegos y la responsabilidad de los editores cuando dejan de mantener un título. Una de sus principales demandas es que las empresas no abandonen los juegos de forma que los usuarios pierdan por completo la posibilidad de utilizarlos.
En esa línea, The Power to the Players Act plantea que los títulos con funciones online dispongan de un modo sin conexión antes de que se apaguen los servidores que los mantienen operativos. La intención es que los jugadores puedan continuar disfrutando del contenido compatible sin depender permanentemente de la infraestructura de la compañía.
No obstante, todavía queda por conocer cómo se aplicaría esta obligación, qué juegos quedarían afectados y qué requisitos técnicos tendrían que cumplir los desarrolladores. La propuesta comparte objetivos con Stop Killing Games, pero su alcance legal dependerá de las disposiciones que finalmente se presenten y aprueben.
El formato físico y el futuro de las bibliotecas digitales
El debate también se relaciona con la preocupación de parte de la comunidad por la progresiva dependencia de las tiendas digitales y los servicios online. Cuando un juego solo está disponible mediante una licencia digital, el consumidor puede tener menos control sobre su conservación y transferencia que cuando dispone de una copia física funcional.
Por eso, algunos jugadores defienden la conservación de los discos y cartuchos, mientras que otros reclaman garantías legales para las compras digitales. Son cuestiones relacionadas, aunque no idénticas: una copia física también puede depender de descargas, actualizaciones o servidores, y tener un disco no garantiza por sí solo que todas las funciones del juego sigan disponibles para siempre.
Las modificaciones de consolas, incluido el jailbreak, también forman parte de algunas conversaciones sobre el control del hardware y la conservación del software, pero no constituyen una consecuencia directa de esta propuesta legislativa. El debate sobre la propiedad digital es más amplio y afecta tanto a las condiciones de compra como a la posibilidad de preservar los juegos cuando termina su soporte oficial.
¿Puede esta propuesta cambiar la industria de los videojuegos?
Por ahora, es demasiado pronto para saber si la iniciativa llegará a convertirse en ley o qué obligaciones impondría finalmente a las compañías. La propuesta todavía necesita avanzar por el proceso legislativo estadounidense y sus detalles jurídicos tendrán que concretarse antes de poder valorar sus efectos.
Si llegara a aprobarse con medidas similares a las anunciadas, podría representar un cambio importante en la relación entre los consumidores y las editoras, especialmente en lo relativo a la propiedad digital, la transferencia de juegos y la conservación de títulos online.
Lo que ya ha conseguido es dar más visibilidad a una cuestión que lleva años generando debate entre los jugadores: ¿qué significa realmente comprar un videojuego si una compañía puede retirar servicios esenciales y limitar la experiencia después de unos pocos años?
La comunidad de jugadores puede contribuir a que estos asuntos lleguen al debate público, aunque el resultado dependerá de las decisiones legislativas, las medidas de protección al consumidor y las obligaciones que finalmente se establezcan. Por el momento, The Power to the Players Act es un paso más en esa discusión, pero todavía no garantiza nuevos derechos a quienes compran videojuegos en Estados Unidos.